Philip R. Zimmermann escribió este texto en Boulder, Colorado, en junio de 1991. Formaba parte del PGP User’s Guide original de 1991 y fue actualizado en 1999. El ensayo comienza con una cita de Mahatma Gandhi. Su tesis es que la comunicación privada debe estar al alcance de cualquier persona, sin importar el tema de la conversación.

Zimmermann menciona las campañas políticas y los asuntos fiscales como motivos habituales para proteger la confidencialidad. También alude a relaciones íntimas y al contacto con disidentes de países represivos. Según su argumento, la Bill of Rights de Estados Unidos contiene un derecho implícito a la privacidad. Para los fundadores del país, una garantía expresa parecía innecesaria porque escuchar una conversación exigía estar físicamente cerca.

El teléfono y la red cambiaron esa condición. Una llamada móvil podía captarse con equipos de radio. El correo electrónico viajaba por Internet con una exposición parecida. Interceptar cartas y llamadas requería antes mucho trabajo humano, lo que limitaba las operaciones masivas. Los ordenadores podían revisar enormes volúmenes de correo en busca de palabras clave. El aumento de la potencia informática también abría la puerta al análisis automatizado de conversaciones de voz.

Zimmermann compara el uso generalizado del cifrado con el empleo de sobres para enviar cartas. Si todo el mundo protege sus mensajes, una persona concreta llama menos la atención. Esa normalidad también dificulta que un gobierno convierta el cifrado en una conducta sospechosa o ilegal.

Senate Bill 266 fue un proyecto estadounidense contra el crimen presentado en 1991. Incluía una resolución no vinculante que apoyaba el acceso del gobierno a las comunicaciones cifradas. La propuesta habría impulsado a los fabricantes de equipos seguros a permitir el acceso al texto claro de comunicaciones de voz y datos cuando existiera autorización legal. Zimmermann afirma que esa iniciativa lo llevó a publicar PGP electrónicamente y sin coste ese mismo año. Grupos defensores de las libertades civiles y empresas del sector protestaron con fuerza, y la medida fue derrotada.

La Communications Assistance for Law Enforcement Act de 1994, conocida como CALEA, obligó a las compañías telefónicas a instalar funciones de intervención remota en sus centrales digitales. Una orden judicial seguía siendo necesaria para intervenir una línea. La infraestructura habría permitido a los agentes escuchar desde sus oficinas, sin conectar físicamente equipos a los cables telefónicos. Zimmermann advierte que las estructuras técnicas pueden durar generaciones, mientras que las leyes y las condiciones políticas cambian con rapidez.

En 1995, el FBI dio a conocer planes para que las compañías pudieran intervenir simultáneamente el 1 % de todas las llamadas en las principales ciudades de Estados Unidos. La capacidad habría sido más de mil veces superior a las aproximadamente 1.000 intervenciones autorizadas por tribunales cada año en los niveles federal, estatal y local. Zimmermann consideraba que solo el reconocimiento de voz automatizado podía procesar tal volumen. El sistema buscaría palabras clave o la voz de una persona concreta. El FBI presentó la capacidad como una preparación para el futuro. El Congreso rechazó el plan.

El texto también identifica riesgos comerciales y criminales. Competidores, organizaciones delictivas y servicios de inteligencia extranjeros podían atacar comunicaciones confidenciales. Zimmermann señala que algunos gobiernos extranjeros admitían utilizar su inteligencia de señales para favorecer a empresas nacionales. Las restricciones estadounidenses sobre la criptografía durante los años noventa, sostiene, también debilitaron a las compañías del país frente al espionaje extranjero.

En abril de 1993, la administración Clinton presentó una política de cifrado desarrollada por la NSA desde el comienzo de la administración Bush. Su pieza central era el chip Clipper, que utilizaba un algoritmo secreto de la NSA. Cada chip recibía una clave única durante su fabricación y el gobierno guardaba una copia en depósito. AT&T incorporó Clipper a sus productos de voz segura. Las autoridades describían el sistema como voluntario y prometían acceso únicamente con autorización legal.

La industria informática rechazó Clipper. En 1994, el director del FBI Louis Freeh dijo que su organismo pediría una solución legislativa si la criptografía fuera del control gubernamental impedía las escuchas. Tras el atentado de Oklahoma City, Freeh declaró ante la Comisión Judicial del Senado que el acceso público al cifrado fuerte debía restringirse. Nadie había afirmado que los autores del atentado hubieran utilizado criptografía.

Zimmermann recuerda el programa COINTELPRO y la vigilancia de grupos contra la guerra y por los derechos civiles. También menciona las escuchas a Martin Luther King, la lista de enemigos de Nixon y el caso Watergate. Añade leyes que recortaron libertades civiles en Internet, la recopilación de archivos confidenciales del FBI sobre funcionarios republicanos por parte de sectores de la Casa Blanca de Clinton y las investigaciones agresivas sobre la vida sexual de adversarios políticos.

Durante los años noventa, su estrategia consistía en extender el uso del cifrado fuerte mientras siguiera siendo legal. Una práctica masiva haría más difícil aprobar una prohibición. A finales de 1999, la administración Clinton cambió de forma radical la política estadounidense de exportación de tecnología criptográfica. El cifrado fuerte pudo exportarse sin un límite superior de potencia. Zimmermann consideró esa decisión una victoria en materia de exportaciones y pidió seguir defendiendo el uso interno y desplegando cifrado frente a la vigilancia creciente en Internet. PGP, concluye, permite que cada persona controle directamente su privacidad.